La Federación de Funcionarios de Salud Pública difundió a la población un artículo donde se informa sobre “lo no dicho” de la Salud Mental en el departamento de Maldonado y que afecta directamente a los usuarios y trabajadores.
Según la nueva Ley de Salud Mental Nº 19.529, se debe garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas y, particularmente, de usuarios de los servicios de salud mental en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Según la Federación, la realidad en Maldonado es que los servicios de salud mental tienen varias carencias.
En primer lugar, muchos trabajadores se encuentran desamparados al no tener respuestas oportunas a la necesidad de los usuarios, transitando serias dificultades a la hora de ejecutar las intervenciones.
El sindicato sostiene que es muy difícil lograr coordinaciones por situaciones graves como los intentos de autoeliminación en adolescentes y adultos, no considerando la prioridad que la ley establece.
Muchas veces los usuarios son atendidos luego de varias horas de espera por algún médico de puerta para luego seguir en la espera de una valoración por un psiquiatra. No se están realizando derivaciones correspondientes para el seguimiento. Estas dificultades también se presentan en otras situaciones que también son valorados de gravedad.
La disposición sobre los psiquiatras y psicólogos para que no se encuentren brindando atención en el Hospital de Maldonado genera un problema en los usuarios que transitan situaciones de crisis, incrementando la dificultad para recibir la atención en salud mental.
El único espacio de trabajo que se habilitó para abordar las estrategias de atención para los usuarios es el equipo de recepción psicosocial, donde participan diferentes disciplinas. Este espacio es insuficiente para brindar un abordaje ajustado y responsable al problema del usuario que se proyecta hacia un proceso de rehabilitación.
En medio de todo este “caos” existen trabajadores que realizan sus tareas con gran compromiso tratando de brindar una buena calidad de atención. Explicaron que “estos <cuidadores> no son cuidados como establece la ley”.
Existe un decreto de ASSE Nº 1678/2012 que reconoce que quienes cumplen funciones en los equipos de salud mental, tienen derecho a percibir un incentivo económico. Esto no se cumple con muchos de los trabajadores de Maldonado que desempeñan tareas en esta área. “Clara evidencia de desigualdad y de una falta total de incumplimiento a las leyes vigentes realizadas en el parlamento”, indica el comunicado.
“No se han buscado las soluciones que impidan esta desigualdad económica y de condiciones de trabajo generada”, sostiene el comunicado.
Están al tanto de estas irregularidades, el directorio de ASSE , la dirección de la Región Este y la dirección de la RAP de Maldonado.
